AGENDA
PÚBLICA AÑO IV - Nº6, MAYO 2005
EDITORIAL
Uno de los factores centrales dentro de la arena político-electoral
es el financiamiento de los partidos. No sólo por las normativas
asociadas al "accountability", sino que por el intento de
disminuir las diferencias entre los partidos respecto a la disponibilidad
de recursos. En principio, una ley de financiamiento público
favorecería la competencia, aminorando la brecha entre los partidos
respecto a los dineros destinados a campañas.
Justamente acerca del tema referido Juan Ignacio García
sostiene que, la nueva ley de financiamiento público es un avance
en el fortalecimiento de la democracia, más allá de los
problemas operativos y de la falta de conocimiento de esta ley por parte
de algunos candidatos. Las normativas de transparencia han favorecido
este nuevo proceso.
En la misma línea argumenta Hugo Rojas, aunque
enfatiza en un aspecto central para la implementación de esta
ley: la insuficiencia de los mecanismos existentes para que los ciudadanos
denuncien infracciones a esta ley. En términos de política
pública, el autor apunta a los mecanismos de fiscalización
pública amparada en una ciudadanía con canales adecuados
para dar a conocer sus denuncias. Según el autor, se requiere
de mayor publicidad la información sobre gastos de campaña,
estableciendo mecanismos de escrutinio social.
En un afán por reconstruir la historia reciente
del financiamiento público, Bernardo Navarrete realiza un análisis
acerca de los intentos por legislar sobre la materia durante la "Nueva
Democracia". El estudio en perspectiva comparada de los países
latinoamericanos permitirá dimensionar el proceso que actualmente
se vive en Chile con el tema del financiamiento. La discusión
final a la que apunta el autor consiste en el equilibrio que debemos
establecer entre los aportes privados y públicos, siendo cautelosos
en tratar a la política como un bien social y público.
Pablo Monje nos sugiere algunas preguntas para el análisis
de la nueva ley. Su postura consiste en criticar los aspectos relativos
a la información y transparencia pública que se ofrece,
estableciendo las restricciones que la propia ley establece y la falta
de diferencias significativas entre el período previo a su implementación
y los resultados que se han visto hasta ahora.
Finalmente, Eolo Díaz-Tendero enmarca el análisis de la
relación dinero-política en el contexto de los regímenes
democráticos, señalando aspectos centrales como la eficiencia
en la toma de decisiones por parte de una elite y en la capacidad de
representación que ésta posee. La pregunta central consiste
en cómo el dinero puede influir en la selección de esa
elite. Y, de acuerdo a ello, de qué manera se resuelve la ecuación
entre racionalidad técnica y legitimidad ciudadana.
Prof. Bernardo Navarrete Yáñez
Editor Invitado
