EDITORIAL
Parece no existir duda que la temática sobre la reforma previsional, al ver la luz pública a través de la propuesta de homologar la jubilación de las mujeres con la de los hombres en 65 años, adquirió un perfil identitario con escasa acogida popular y como lo señalaron algunos medios, similar reacción se generó en varios partidos políticos. Creemos que no se puede hablar de una estigmatización del tema, pero al menos su discusión estimula una sensación de impopularidad no menor de la que dispone el sistema en la actualidad.
Estamos ciertos que dicha propuesta sólo constituye una arista de un problema de mayor envergadura y que su discusión requiere de una gran cantidad de información y acumulación de datos diversos para adoptar una posición adecuada a la relevancia del tema. Cuestiones diversas involucradas en esta reforma, tales como su forma de financiamiento, las implicancias tributarias que podría acarrear o el denominado Pilar Solidario por nombrar sólo algunas, constituyen elementos que debieran concentrar el debate sobre un sistema que descansa sobre un paradigma que parece incuestionado hasta ahora, el cual es la capacidad de ahorro individual de las personas como garantía de sobrevivencia de éstas una vez finalizada la actividad laboral.
En atención a la vigencia y relevancia del tema, el Departamento de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) ha querido dedicar este número de su Agenda Pública, a la presentación de variados aportes de académicos que realizan tareas en él, para contribuir a un debate que por cierto, solo está dando sus primeros pasos.
Es así como el Prof. Ricardo Hormazabal plantea la no poco atractiva alternativa de que el Estado disponga de una AFP, así como en el plano de la salud existe FONASA como opción a entidades similares del ámbito privado.
El Prof. Bernardo Navarrete propone una discusión que comprende por una parte, la imposibilidad de reconocerle al sistema actual una “legitimidad de origen” y por otra, asumir que su “legitimidad por rendimiento” se encuentra cuestionada. Lo primero parece no tener solución y lo segundo requiere un esfuerzo por “preve-er” el futuro del sistema en base a los cotizantes reales
El Prof. Hugo Fazio al hacer referencia a la iniciativa de protección social adoptada por el actual gobierno, que constituye la base de la reforma que hablamos, ofrece algunos antecedentes como la composición de la Comisión, la mantención/reformulación tributaria o el recurso de superávit, como elementos de juicio para evaluar la correspondencia entre la deseada protección social y los senderos por los que transita la reforma en cuestión.
Karina Doña, académica del INAP, nos plantea por su parte que la posible eficacia de la homologación de edad entre hombres y mujeres como factor de paridad de géneros debe descansar no tanto en la cantidad de años que aumentaría la edad laboral de las mujeres, sino, en mejorar las condiciones y calidad del empleo de estas mismas.
Estamos ciertos que la discusión sobre la reforma previsional en nuestro país recién comienza y más lejos aún está su aplicación. Sin embargo, no nos cabe duda que por tratarse de una actividad que compromete la estructura de nuestra sociedad amerita su atención, en la cual es de esperar pudiese involucrase una gran parte de nuestra sociedad. Es a ello a lo que apunta principalmente la intención de esta publicación, la que esperamos contribuya a estimular una discusión seria, informada y con altura de miras como el tema de suyo lo justifica.
Profesor Aldo Meneses C.
Editor